Con el objetivo de poner en debate las condiciones bajo las que se mueve la sociedad peruana, un grupo de profesores de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad del Pacífico ha publicado “Repensando las reglas de juego. Caminos para evitar el colapso institucional y social”.
El texto, editado por Cecilia O’Neill, Ronnie Farfán y Santiago Mariani, incluye una serie de ensayos que evidencian cómo –tras la recuperación de la economía peruana en los años noventa—poco se ha avanzado por reforzar a nuestras instituciones.
La crisis del sistema de partidos en Perú y la forma de ejercer autoridad por parte de Alberto Fujimori devino en el fortalecimiento de la figura del tecnócrata, un actor que –en palabras de Santiago Mariani—aunque diga estar “alejado de la política”, sí tiene una agenda en dicho sentido.
Si bien la influencia de la tecnocracia es mucho mayor en los últimos años, no todo es malo para los autores de “Repensando las reglas de juego”. Hay una serie de políticas públicas que sí han funcionado, desde la implementación de la Sunat en los noventa hasta, más recientemente, la creación de Servir o de la Sunedu.
Un detalle no menor es que entre que se realizó esta entrevista (marzo) y la fecha de su publicación han pasado varios hechos relacionados a intentos de reforma política en Perú. El presidente Vizcarra nombró una comisión en dicho sentido, recibió sus sugerencias, las derivó al Congreso y este poder del Estado las bloqueó.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo planteó una cuestión de confianza por cinco iniciativas surgidas del trabajo de la Comisión arriba mencionada. Previamente, un referéndum logró el masivo respaldo de la ciudadanía para tres reformas constitucionales y el rechazo para una: la bicameralidad. Este último factor es clave para Mariani y los coautores del texto. Las razones en la siguiente entrevista.
-Cuénteme el propósito fundamental de “Repensando las reglas de juego”.
En primer lugar, hay un intento que no escapa a una mirada histórica sobre lo que han sido los procesos en el Perú y, en ese sentido, somos una generación que está muy influida por lo que ha sido la recuperación de la democracia, con la breve transición de Valentín Paniagua, y los intentos o la falta de profundización de ciertas reformas que se generaron con el ‘optimismo reformista’ que generó la etapa mencionada y una suerte de revisión a ese intento y a las cosas que funcionaron o no, en la coyuntura actual donde hay nuevamente un marco de optimismo reformista derivado de un colapso más bien distinto, originado por la salida de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia y esta transición que está liderando Martín Vizcarra. Pero todo eso también en el marco de una democracia recuperada que tiene como característica central esta convivencia con una poca dosis de legitimidad, según los diversos estudios de opinión, los cuales registran que en el Perú la democracia ha ido conviviendo con un desánimo generalizado por parte de las grandes mayorías acerca del tipo de respuestas que ha dado el sistema sobre las expectativas generadas.
Todo ello sin desmerecer las cosas buenas que se han generado, los avances, los beneficios que la estabilidad ha traído. En todas esas cuestiones nosotros pensamos que valía la pena, después de un primer intento que hubo en una publicación durante el gobierno de Toledo, liderada por el investigador John Crabtree. Él congregó una serie de cientistas sociales para pensar un poco el marco de reformas en ese momento (2004-2005). Nosotros pensamos que la academia, porque ya se han producido esfuerzos notables desde la sociedad civil, no podía quedar ausente y que valía la pena nuclear algunos cientistas sociales y no plantear soluciones sino por lo menos darle mayor densidad a este debate que hay y que se ha fortalecido a partir de esta dinámica política que puso a la ciudadanía en consulta sobre el tipo de reformas que se deberían implementar.
-El ensayo que escribes junto a Martín Pérez me deja la idea de que, después de la crisis que hubo por el terrorismo y la hiperinflación, el Perú ejecutó una serie de reformas que dejaron siempre a los tecnócratas por encima de los políticos. Y que no hemos sabido romper eso. ¿Por qué treinta años después de la elección de Fujimori la situación permanece?
Esto ha ocurrido por una serie de factores. El Perú de Fujimori fue un proyecto de modernización autoritario, el cual pudo ser llevado adelante y encontró condiciones propicias para la introducción de reformas neoliberales estructurales que cambiaran la dinámica de la política, de la economía y de la sociedad en el Perú, porque la clase política tradicional quedó en una situación muy cuestionada frente a la ciudadanía. Fujimori, de manera muy hábil, montó su propuesta política en una crítica directa hacia la clase política –que venía representando a los peruanos en el juego democrático– (señalándola) como la principal responsable. Y eso es lo que algunos autores denominan la puesta en marcha de la ‘Antipolítica’. Esto significó que otros actores encontraron espacio para tener una amplia capacidad de influencia en la toma de decisiones sobre los temas nacionales. Y aquí la tecnocracia ha tenido un rol preponderante.
-¿Por qué?
Porque desde los años 90 esa clase política severamente cuestionada no ha podido reencontrar su puente de vinculación con la ciudadanía. Por diversos factores. La tecnocracia ha administrado la república desde los ministerios en un Poder Ejecutivo que se ha visto fortalecido frente a un poder legislativo disminuido por el tipo de reformas autoritarias que se impulsaron en la época de Fujimori. Estas reformas gozaron de consenso y explícitamente buscaban disminuir los espacios de decisión de la política. Esta tecnocracia que ha generado cierta estabilidad pero que se ha ido alternando en unos ministerios que se han visto fortalecidos es la que, de alguna manera, ha reemplazado a la clase política en las instancias de decisión. Y eso ha sido acompañado por la ciudadanía, porque esta de alguna manera a esta estabilidad y al crecimiento extraordinario de la economía lo han ido asociando con un mensaje que la tecnocracia ha esgrimido, que es que las principales decisiones del país son una cuestión meramente técnica que no deben ser mediada por ningún tipo de ruido o discusión política. La idea de que la política debe ser apartada para que el país pueda ser ‘bien administrado’. Lo que planteamos en nuestro ensayo es que si bien esto ha generado una estabilidad para el Perú, por otro lado, corre el peligro de agotarse en sí mismo. ¿Por qué? Porque la tecnocracia tiene su propia bandera y programa político, aunque ellos se definan como a-políticos o como lejanos a la política.
-¿Hay ejemplos de otros países que hayan dejado casi todo en manos de la tecnocracia durante un largo periodo de tiempo?
La influencia y la preponderancia de la tecnocracia en la discusión de los asuntos públicos ha sido un fenómeno creciente que se ha visto, por ejemplo, en países como Estados Unidos, aunque sin las características del caso peruano. Y si miramos a la región, también hubo una creciente presencia de la tecnocracia en la influencia de la decisión de temas públicos pero no con el nivel de lo ocurrido en Perú. Esto por las propias características del proceso. Por ejemplo, en Bolivia más bien hubo fuertes procesos de revisión y mecanismos que impulsaron la recreación de vínculos y la ampliación de los sectores de la política para decidir los destinos de la vida nacional. Es decir, se amplió la participación de las grandes mayorías en la discusión de los temas públicos. En Perú eso no se ha dado, pero esto no es necesariamente malo ni bueno, simplemente es la dinámica que ha tenido el Perú, con sus factores positivos y negativos.
-En su libro mencionan más de una vez la importancia de restaurar la bicameralidad. ¿Cómo propiciar esta reforma específica en un contexto de una sociedad influenciada por la antipolítica? ¿Cómo plantearle a la ciudadanía que se usará más dinero de sus impuestos para mantener ya no solo a congresistas sino también a senadores?
Esta es una discusión es muy compleja porque, como bien señalas, una de las instituciones más representativas y centrales de la democracia, el Congreso, es a su vez una de las que mayor nivel de rechazo concentra por parte de la ciudadanía. O sea, los ciudadanos esperan poco y nada de sus representantes. Por lo tanto, aquellos que quieran impulsar públicamente esta reforma corren el riesgo de pagar un costo político muy alto, porque lo que tienen que hacer –bajo la responsabilidad política que tienen– es tratar de hacer docencia y explicarle a la ciudadanía las carencias y los déficits que genera –para el sistema democrático peruano—tener un Congreso con solo 130 representantes, más aún para un país con las complejidades y el tamaño del Perú. Ahora bien, aquí hay una paradoja. Si a alguien le cabe mayor responsabilidad en el tipo de reformas a implementar es a las élites dirigentes. Ellas son las que mayor posibilidad tienen de poner en marcha un proceso de transformación en donde se expliquen las bondades a pesar de que no sea popular lo que se diga. En un estudio de Naciones Unidas en el que yo participé hace algunos años, en su gran mayoría las élites consultadas están de acuerdo en que esta es una reforma imprescindible para que la dinámica política funcione de manera distinta.
-Revisando las encuestas de los últimos años, las prioridades de la ciudadanía son seguridad ciudadana, salud, educación y no cambiar (toda) la constitución. ¿Es posible cambiar las ‘reglas de juego’ solo con determinadas modificaciones constitucionales?
En el libro “Repensando las reglas de juego” el mensaje general es que el ‘reformismo ingenuo’ que de alguna manera ha primado en el Perú tiende a pensar o a postular que los problemas que hay simplemente se deben a que el tipo de instituciones que tenemos funcionan mal, entonces tenemos que introducir nuevas reglas de juego para que el país funcione mejor. Mira, es cierto que hay reformas que deben ser introducidas, pero lo que nosotros consideramos de vital importancia es plantear también el funcionamiento del Estado y de la burocracia estatal. En el sentido de que lo que existe pueda funcionar mejor, y eso está vinculado a que se puedan aplicar las leyes, es decir, que el Estado tenga mayor capacidad para ello y de que haya mayor posibilidad de que las políticas públicas tengan mayor resultado. Esto ya es una cosa muy compleja. No alcanza la voluntad de decir ‘bueno, quiero que en el Perú haya mejor educación’ o ‘quiero mejores niveles de salud’. Eso debe ir acompañado de un Estado con capacidades y de una burocracia con la capacidad para ejecutar con mayor eficiencia y eficacia el tipo de políticas públicas. Entonces, no es solo una cuestión de reformas, porque o sino discutimos cuál sería la mejor y el Perú entraría fácil en la senda del desarrollo. Para que esto último ocurra, la discusión es mucho más profunda e incluye no solo algunas reformas (como la bicameralidad) sino también una discusión más amplia que debe incluir el rol del Estado, sus capacidades para el enforcement (la aplicación de las leyes) y para lo que ya tenemos funcione con mejores resultados.
-¿Si tuviera que destacar un par de políticas públicas o de instituciones que se hayan diseñado a partir de estas en los últimos cuáles serían?
En el libro destacamos que hubo un intento por llevar adelante una descentralización del país. Eso ha tenido ciertos problemas, pero tampoco la alternativa es volver al centralismo. Lo que deberíamos como sociedad es plantear cómo aprender de lo que no funcionó y cómo darle mayor vitalidad al proceso de descentralización. Y, por otro lado, cosas que han funcionado deben mantenerse y ser puestas en valor, como la creación de la Sunat, o el intento desde Servir por crear un mayor nivel de profesionalización en el servicio público del estado peruano. Sunedu también es de las reformas más recientes y novedosas. Su caso es sumamente interesante porque revisa esta idea de que ‘todo debe dejarse en manos del libre mercado’. Y ya vemos cómo en ciertos sectores donde no hubo regulación o falta regulación lo que ha sucedido es el desplome de la educación planteada no como un servicio público de calidad sino como una estafa a una cantidad de peruanos que anhelan educación de calidad pero que terminan engañados por personas que hacen negocio sin control.
-¿Que el presidente Vizcarra haya convocado a una serie de comisiones para temas como la reforma política o la de justicia es solo una reacción a la falta de mayoría o de bancada congresal, o estamos ante la forma correcta de generar políticas públicas?
Lo que planteamos en el libro es que para que las reformas tengan éxito deben ir acompañadas no solo de voluntad política, sino que deben tener alrededor coaliciones políticas que la sostengan y una ciudadanía que acompañe. Creo que Vizcarra tiene una enorme conciencia de la complejidad de lo que significa hacer ciertos cambios, así que creo que intenta que la ciudadanía –a través de mecanismos como la consulta—apoye ciertas reformas para que estas sean perdurables en el tiempo y gocen de legitimidad. Y a su vez él sabe que en esta dinámica política del Perú, donde es muy difícil construir coaliciones con fuerza para poder quebrar resistencias, es a través de estas comisiones que de alguna manera trata de suplir las carencias que el sistema político tiene para que una comisión de gente con enorme respeto y honorabilidad puedan ‘iluminar’ caminos que el Perú no está pudiendo encontrar ahora.
-Se repite en cada elección que no triunfan las opciones de izquierda en el país porque la mayoría no desea cambiar el modelo de crecimiento sino hacerle ajustes para poder incluirse en él. ¿Cómo aterrizar las propuestas del libro para temas concretas de los ciudadanos de a pie?
Con las reformas introducidas en los años noventa ha calado muy profundamente esta idea del emprendedor, o sea, de que el peruano no necesita mayores interferencias del Estado para emprender un camino. Creo que las cosas no son tan así. La dinámica económica y social no funciona de esta manera y resulta necesario poder re discutir un rol del estado donde asegure para el Perú un piso mínimo de ciertas condiciones para que aquellos ciudadanos que no pueden desenvolverse en la sociedad con plena autonomía, sí puedan hacerlo. Y a partir de ese piso mínimo, después cada uno a través de sus esfuerzos, sus talentos o sus ganas, pueda después conducir su vida como quiera. Me parece que esa es una discusión pendiente.
Mira, el anti estatismo en el Perú es bastante popular. La gente espera poco o nada del Estado y no cree que este pueda tener un rol que le asegure el ‘piso mínimo’ que te menciono. Así que un punto de partida para que la gente pueda creer que el Estado tiene un rol fundamental en el camino del desarrollo es hacerlo funcionar mejor. Y eso es responsabilidad de la clase política y de los sectores con peso en las decisiones: la tecnocracia. Porque un estado proveyendo mejores bienes públicos (salud, educación e infraestructura) le dará a la ciudadanía una mejor relación hacia el Estado. Y en este sentido creo que el Perú ha perdido una enorme oportunidad con lo que fue la reconstrucción del norte. Esta iniciativa no era –como entendió el gobierno de Kuczynski—una reconstrucción meramente material (puentes, cemento). Era más bien una fantástica oportunidad para que el Estado se acerque a la ciudadanía con obras que todavía muy poco se han puesto en marcha, a pesar de que había recursos. Ha sido una enorme oportunidad para revincular en un espacio geográfico del país a un amplio sector ciudadano que hace muchos años está postergado y olvidado, para decirles ‘ahora habrá nuevas reglas de juego, el Estado estará a su lado, reconstruiremos y generaremos de forma sostenible en el tiempo una presencia mayor’. Esa oportunidad se perdió. Y en la medida en que eso no ocurra, la gente seguirá pensando en que el Estado no tiene nada que hacer y que no hay que darle un rol. Entonces, hasta que eso no ocurra será muy difícil poder plantear frente a la ciudadanía una dinámica distinta. Pero si eso no es replanteado o revisado, y el Estado no actúa con mayor capacidad para implementar la ley sino para poder tener mayor eficacia y eficiencia en la prestación de servicios público universales, va a ser muy difícil poder tener a la ciudadanía en una actitud distinta hacia lo que pueda ser el aterrizaje de ciertas reformas.
