En una visita corta, aunque sumamente fructífera, la antropóloga francesa Valérie Robin Azevedo estuvo algunos días en Perú para presentar no uno sino tres libros. El primero, titulado «Retorno de cuerpos, recorrido de almas. Exhumaciones y duelos colectivos en América latina y España» (Instituto Francés de Estudios Andinos – Universidad de los Andes), motivó la presente entrevista.

Dicho volumen, que tiene a Robin Azevedo como coordinadora junto a A.M. Losonczy, presenta una serie de interesantes investigaciones de campo realizadas en Perú, España, Guatemala, Colombia y Argentina. Todas abordan tres objetivos centrales de estos procesos absolutamente dolorosos: «restaurar la dignidad del difunto, apaciguar a los familiares y sumar en la reconciliación nacional».

En esta entrevista, Valérie Robin responde primero sobre los vínculos que hicieron a cada uno de estos casos materia para un mismo volumen. En segundo lugar, la investigadora responde algunas inquietudes acerca de su ensayo titulado «¿Devolver la dignidad a los desaparecidos del conflicto armado peruano? Exhumaciones, justicia transicional y políticas de la compasión».

– ¿Por qué es importante enterrar el cuerpo de un ser querido? Así sea un dedo, una uña, diez o treinta años después de la muerte, ¿por qué es tan importante y necesario? ¿El efecto es el mismo en los Andes que en la ciudad, en Perú o en un país como Francia?

El tema del cuidado a los muertos es universal. Aunque sí varía de acuerdo al país y a la cultura. En el caso del Perú, en los Andes y especialmente para los católicos, la idea de poder enterrar a sus difuntos –aunque sea un hueso—es fundamental, y se inscribe en esa agenda internacional del llamado ‘entierro digno’. Todo esto es un pedido de los familiares, si hablamos de desaparecidos, sin embargo, en ciertas exhumaciones con las cuales estos últimos no estaban necesariamente de acuerdo, tiene que ver también con lo que vendría a ser la categoría correcta de desaparecido, manejada como un concepto de ‘desaparecido con cuerpo’ o ‘desaparecido sin cuerpo’.

La búsqueda de la gente cuyos familiares desconocen su paradero es un elemento clave, pero para eso se necesita también una inversión en cuanto a investigación. No me refiero a ‘sacar cuerpos’, porque en el Ministerio Público de Ayacucho hay más de 750 sin identificar, sino también al trabajo de búsqueda.

– ¿Cómo surgió este libro y qué particularidades tuvo su elaboración?

Este libro colectivo empezó con una reflexión de diversos antropólogos varios años atrás. Nos preguntamos qué impacto tenía lo que se llamó el ‘giro forense’ alrededor de los años 2000 y que afectaba las sociedades nacionales que vivían procesos de pos-conflicto, pos-dictadura, en las cuales se ha venido implementando de manera globalizada a nivel mundial la apertura de fosas comunes. Ahí, más allá de la dimensión judicial de la pericia forense, porque en muchos casos como el peruano inicialmente las exhumaciones tenían como objetivo encontrar los elementos de prueba que permitiesen acusar y condenar a los perpetradores, sin embargo, más allá de esta dimensión pericial, el objetivo de las exhumaciones ha tomado cada vez más peso en cuanto a restauración de la dignidad de los muertos y de la posibilidad de retornarlos a sus familiares y de aliviar así el dolor de los deudos, ayudándoles a procesar un duelo. Por eso, este libro busca finalmente indagar en un triple objetivo que cobra cada vez más fuerza: restaurar la dignidad de los muertos, permitir su duelo y lograr una reconciliación nacional y la reconstrucción de un proceso democrático.

-Habla usted de pos-conflicto. No se refiere literalmente al “día posterior” a que se establece que acabó el conflicto…

Esto se enmarca en lo referido a la justicia transicional. En el caso peruano, el conflicto armado interno duró del 80’ al 2000, entonces, no es que a partir del 2001 las cosas estén totalmente pacificadas. Vemos cómo hay nuevas irrupciones de violencia, que tienen que ver con ese conflicto, entonces son procesos de larga duración, o sea, no hay un quiebre. Como algunos antropólogos lo han mencionado, se da un ‘continuum de violencia’. Entonces, el pos-conflicto lo vemos como una cosa más procesual que como algo que tiene un antes y un después.

-Uno podría pensar, a priori, que lo que ocurrió en Argentina, Guatemala, Colombia, España y Perú es diametralmente distinto. ¿Qué los hizo vinculantes para que terminen agrupados en este libro?

Sí, son casos muy distintos, tanto a nivel de las fechas, como de los procesos políticos: una guerra civil, una dictadura militar, un conflicto armado interno, etc. Pero sí vemos esta preocupación más allá de lo judicial.  En el Perú las exhumaciones se han inscrito –al menos al inicio– en una perspectiva judicial. En España, para nada. Las exhumaciones que se han llevado a cabo a partir de los 2000 no tienen que ver con una investigación judicial en absoluto. Sin embargo, lo que une a esos distintos casos y que nos interesaba poder comparar es algo más allá de la restitución del cuerpo. Y es que en la justicia transicional siempre se dice ‘hay que entregar los cuerpos para aliviar a sus familiares’, pero el tema de entregar restos y no a la persona que uno conocía antes de su desaparición, motiva un proceso complejo, y que la reconstrucción de un proceso de duelo es bastante compleja si se hace 70 o 20 años después. Entonces, nos interesaba ver el impacto de esas reparaciones en las modalidades de re-entierro, de alivio de los familiares y de procesos de luto que vienen implementando los familiares frente a estas situaciones.

– ¿Le parece correcta la definición que hace el Estado peruano de desaparecido?

Allí tengo algunas reservas en cuanto a la manera en cómo la categoría de desaparecido se ha venido manejando en los últimos años. Y eso explica también, en parte, el aumento significativo de la cantidad de desaparecidos del conflicto armado interno como una categoría que no incluye solamente desaparecidos, sino también los muertos. Está, además, la idea de ‘desaparecido sin cuerpo’ y ‘desaparecido con cuerpo’, que es un oxímoron, porque en realidad no es que sean desaparecidos, porque los familiares saben dónde están. Pero lo que ellos necesitan –y ahí debe entrar el Estado—es certificar la muerte, lo cual pueda facilitar que los familiares puedan tener un acta de defunción y así facilitar el acceso, por ejemplo, a una herencia.

Entonces, en el contexto de las exhumaciones y entregas de cuerpos, en la cual se ha venido acompañando cada vez mejor a los familiares (en cuanto a lo psico-social o con el financiamiento de ataúdes), pero más allá de eso, la categoría de ‘desaparecido’ usada por el Estado sí creo que es problemática porque mezcla lo que es un muerto y un desaparecido, y entonces cuando se habla de la entrega de cuerpos desaparecidos, mayormente estamos hablando de cuerpos cuyos familiares sabían dónde estaban enterrados, tal vez estaban mal enterrados y muchos quieren un entierro digno, pero no estamos hablando de desaparecidos en sí.

-Menciona usted la exhumación pública en Lucanamarca, con la ceremonia oficial y la llegada del presidente Toledo. Sin llamarla ‘espectáculo’, sí la describe usted como una especie de ‘saludo’ del entonces jefe del Estado a los militares.

De las tres o cuatro exhumaciones (a masacres) que se llevaron a cabo con la CVR, la única perpetrada por Sendero fue la de Lucanamarca, y fue la única en la que el presidente de la República fue y se posicionó. Entonces, claro, ahí se buscó decir ‘las desapariciones, la violencia, también fueron parte del accionar de Sendero’. Mira, cuando hablo del tema de la espectacularización no lo hago de forma negativa, sino porque tiene que ver con la mediatización y, lo que es interesante, en la ceremonia de Lucanamarca indudablemente la entrega colectiva se volvió el modelo ideal o típico de cómo iban a desarrollarse las entregas siguientes. Por ejemplo, la recuperación de cuerpos, la romería por el centro de la ciudad, cargar los ataúdes hasta el cementerio, es así como se han venido procesando las exhumaciones y entregas posteriores.

Y, para contestar a tu pregunta, en el contexto político de la época, esta fue una manera de decir ‘claro, estamos exhumando, pero no nos olvidemos que la violencia máxima fue la de Sendero’, que también era una manera (para la CVR) de no aparecer solo como acusadores de militares, sino que también trataban masacres perpetradas por senderistas.

– ¿Qué sugerencias podría plantear para que los procesos de exhumación sean menos dolorosos con respecto a los familiares?

Hay que incorporar mucho más a la agenda las propuestas de los familiares y tal vez hacer el proceso menos burocrático para evitar así formas de re-victimización. Si la gente quiere participar del armado de cuerpo que lo haga, pero si no quiere tampoco hay que imponérselo. Yo sé que ahí saldrá el argumento de la cadena de custodia o la idea de evitar que luego no cuestionen el proceso en sí, pero creo que el diálogo es muy importante, considerar al familiar como alguien que tiene su propia agencia y que puede ser parte de las decisiones, aunque quizás no sean forzosamente el modelo que quieren imponer como la norma de la dignidad. Aquí no hay normas que imponer.

Toca estar mucho más atento a la voluntad de los familiares, porque hay de todo. Algunos sí quieren que haya un entierro muy formal, otros tal vez se interesan menos. Me parece que el problema también es la política de las cifras. Para justificar la existencia y la eficacia de una dependencia estatal entonces hay que mostrar cifras. Pero esto no es el Ministerio de la Producción. Estamos hablando de políticas de restitución de dignidad. Y creo que la política de las cifras es totalmente dañina, contraproducente y hace que –a mi parecer—acabe siendo una forma de re victimización en ciertos casos.

-Seguramente usted ha leído varios libros sobre procesos similares de violencia en otros países. ¿Hay un punto final en todo esto, o hasta que no se encuentre al último desaparecido y se entregue el último resto las cosas continuarán? ¿Qué viene después?

En ciertos casos no habrá posibilidad de recuperar los cuerpos. Que hayan sido cremados en bases antisubversivas o tirados al río, no lo sé, imposibilita una devolución, pero por lo menos entregar a los familiares una respuesta es un elemento clave. El otro tema tiene que ver con la impunidad. Juicios a senderistas se han llevado a cabo muchos, pero los vinculados a militares están muy por debajo. Pienso por ejemplo en Huancapi. Ahí la impunidad es un problema. Y si vemos el caso de Argentina, durante los años del kirchnerismo se ha juzgado a muchos militares. Ahí creo que está atrás el Perú. El Ministerio de Defensa no está dando la información suficiente a las fiscalías para que puedan hacer avanzar las búsquedas de desaparecidos.

– ¿Y a partir de esto es posible hacer algún símil con otro país que vivió un proceso similar?

Perú ha juzgado subversivos, inclusive a su expresidente (Fujimori). Y esto me parece un avance indudable y un ejemplo a nivel internacional. Pero ahí no acaba esto. Y esto es mi preocupación de las consecuencias del ‘terruqueo’, que genera una forma de negacionismo de esos otros crímenes que sí están siendo judicializados, pero que están actualmente paralizados en el Poder Judicial.

SOBRE EL LIBRO

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